La futura ley obligará a implantar canales de denuncias internos a las entidades privadas con 50 o más trabajadores y a todas las entidades del sector público.
El término anglosajón «whistleblower» se traduce literalmente como “el que toca el silbato” y hace referencia a la persona que informa sobre una irregularidad en su ámbito laboral. El objetivo es comunicar lo antes posible los comportamientos no éticos y sacar a la luz todo aquello que pueda dañar la reputación de una empresa u organización:
- CORRUPCIÓN
- DISCRIMINACIÓN Y ACOSO LABORAL
- INFRACCIÓN DE LA LEY Y DELITOS
- VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS
- COHECHO
- ADMINISTRACIÓN O GESTIÓN IMPROPIAS
- TRÁFICO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
- USO INDEBIDO DE DATOS
Uno de los puntos clave que regula la norma es la obligación de permitir las denuncias anónimas.
Sin duda una figura polémica para algunos y realmente efectiva para otros. Solo el futuro permitirá conocer sus beneficios.