Efectivamente, Bruselas defenderá a los trabajadores que denuncien delitos de sus empresas.

La nueva Directiva ‘whistleblowing’ abre canales seguros de denuncia frente a infracciones del Derecho de la Unión.

Ámbito de aplicación

La norma recoge unas normas mínimas comunes que garanticen una protección efectiva de los denunciantes cuando informen sobre las siguientes infracciones:

a) infracciones que entren dentro del ámbito de aplicación de los actos de la Unión enumerados en el anexo, relativas a los ámbitos siguientes: contratación pública, servicios, productos y mercados financieros, y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, seguridad de los productos y conformidad, seguridad del transporte, protección del medio ambiente, protección frente a las radiaciones y seguridad nuclear, seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad animal y bienestar de los animales, salud pública, protección de los consumidores, protección de la privacidad y de los datos personales y seguridad de las redes y los sistemas de información.

b) infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión.

c) infracciones relativas al mercado interior, incluidas las infracciones de las normas de la Unión en materia de competencia y ayudas otorgadas por los Estados, así como las infracciones relativas al mercado interior en relación con los actos que infrinjan las normas del impuesto sobre sociedades o a prácticas cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable del impuesto sobre sociedades.

La Directiva es aplicable a los denunciantes que trabajen en el sector privado o público y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral, incluyendo, como mínimo, a las personas que tengan la condición de trabajadores en el sentido del art. 45.1 TFUE (incluidos los funcionarios), a las personas que tengan la condición de trabajadores no asalariados, en el sentido del art. 49 TFUE, a los accionistas y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa, incluidos los miembros no ejecutivos, así como los voluntarios y los trabajadores en prácticas que perciben o no una remuneración, y a cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores.

Requisitos para obtener la protección

Los denunciantes tendrán derecho a protección siempre que tengan motivos razonables para pensar que la información sobre infracciones denunciadas es veraz en el momento de la denuncia y que la citada información entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva, y que, además, hayan denunciado por canales internos o externos o hayan hecho una revelación pública.

Denuncias internas

El texto incorpora la regulación del procedimiento para llevar a cabo la comunicación a través de canales de denuncia interna. En este contexto se ocupa de la obligación por parte de los Estados miembros de velar por que las entidades jurídicas de los sectores privado y público establezcan canales de denuncia interna y de seguimiento que permitan a sus trabajadores comunicar información sobre infracciones. Se incluyen las entidades jurídicas del sector privado que tengan 50 o más trabajadores, limitación no aplicable a las que entren en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión a que se refieren las partes I.B y II del anexo.

Denuncias externas

Estos canales de denuncia externa, independientes y autónomos, deberán diseñarse, establecerse y gestionarse de forma que garanticen la exhaustividad, integridad y confidencialidad de la información y se impida el acceso a ella al personal no autorizado de la autoridad competente, y permitan el almacenamiento duradero de información para que puedan realizarse nuevas investigaciones.